El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que los funcionarios consulares seguirán gozando de amplia discrecionalidad, y poca impugnación externa, a la hora de denegar una solicitud de Visa. En el caso titulado Kerry contra Din, Fauzia Din, ciudadana estadounidense por naturalización, se había casado con Kaniska Berashk, ciudadana de Afganistán. Berashk presentó una solicitud en la oficina consular de la embajada de Estados Unidos en Islamabad (Pakistán) por estar casada con un ciudadano estadounidense. La solicitud fue negada. El funcionario del consulado que tramitó la solicitud de Berashk no enumeró los motivos de la denegación, sino que citó «actividades terroristas», un término con una definición amplia según la Ley Patriótica y la legislación de reforma de la inmigración del Congreso de 1996.
Din llevó el asunto ante un tribunal federal de primera instancia para que lo revisara, alegando que tenía derecho a recurrir la decisión del funcionario consular, ya que se le estaba denegando su derecho a vivir con su cónyuge. Argumentó que, si se confirmaba la decisión, tenía derecho a que se le explicara qué había hecho el solicitante para no poder optar a la ciudadanía, y la ley en virtud de la cual no podía optar a ella. Un tribunal federal de apelación le dio la razón, sosteniendo que el funcionario consular había basado la negación en motivos insuficientes.
El gobierno de Obama apeló esta decisión, argumentando que las solicitudes de ciudadanía pueden denegarse basándose en pruebas que el gobierno no está obligado a revelar al solicitante, y que tiene autoridad absoluta para mantener a los no ciudadanos fuera del país por cualquier motivo.
El Tribunal Supremo dictaminó que Din no tenía derecho a revisión judicial de la decisión del consulado de negarle la Visa. Aunque la decisión estuvo dividida, con suficientes jueces del lado de la administración Obama como para hacer perder a Din, pero no todos de acuerdo entre sí sobre la base para hacerlo, el Tribunal sostuvo esencialmente que la razón que le dio el funcionario consular era suficiente para satisfacer cualquier derecho que Din pudiera haber tenido. Los cuatro jueces que discreparon con la mayoría razonaron que Din tenía derecho, como ciudadana estadounidense, a vivir con su marido en Estados Unidos y, en virtud de la cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, tenía derecho a ser oída en los tribunales si se le denegaba ese derecho. Aunque parece que el Tribunal podría permitir en el futuro la impugnación judicial de las negaciones de Visas consulares en diferentes circunstancias, por el momento las decisiones consulares no son revisables ante un tribunal de justicia.
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