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Gracias por contactarnos. Por favor complete este formulario y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted pronto.El Tribunal Supremo ha hecho pública hoy su sentencia en el caso Arizona contra Estados Unidos, que aborda la impugnación por parte del Gobierno federal de la controvertida ley de inmigración del Estado, la S.B. 1070, que otorgaba a las fuerzas de seguridad locales mayores derechos para vigilar la situación migratoria de las personas y obligaba básicamente a los inmigrantes a llevar consigo documentos que demostraran que se encuentran legalmente en el país. El tribunal emitió una decisión que anulaba algunas partes de la ley y permitía que otras siguieran en vigor.
El tribunal sostuvo que la ley federal no se opone a la instrucción de Arizona a las fuerzas del orden de comprobar el estatus migratorio de las personas que detienen. Es importante señalar, sin embargo, que esta sentencia deja abierta la posibilidad de que esta disposición concreta pueda ser revisada y, en última instancia, anulada si su aplicación se hace supuestamente de forma discriminatoria.
En este dictamen, el Tribunal también se opuso a las tácticas de la legislatura de Arizona, el primero de varios estados en poner en marcha políticas como la SB 1070. En la decisión del Tribunal, que se quedó en 5-3 (sin la participación de la juez Kagan), Anthony Kennedy escribe que «el Gobierno nacional tiene un poder significativo para regular la inmigración» y que Arizona u otros «no pueden aplicar políticas que socaven la ley federal».
De este modo, aunque no derribó el núcleo de la ley, el Tribunal otorgó una victoria considerable a la administración Obama. La decisión también apoya y refuerza el papel del Congreso, y no de los Estados, como árbitro y fuente de la política de inmigración.
Por supuesto, el Congreso se ha negado a actuar de forma significativa en materia de inmigración durante muchos años. Esta decisión debe ser tomada por el Congreso como una directiva para actuar afirmativamente en materia de inmigración – no hacerlo solo dará lugar a que más estados traten de regularla por sí mismos y dejará a nuestra nación con una política de inmigración aún más fracturada que la que tenemos actualmente.