En noviembre de 2014, el presidente Obama puso en marcha órdenes ejecutivas para abordar los problemas de inmigración del país. Esta serie de órdenes exigía:
- Represión de la inmigración ilegal en la frontera;
- Prioridad centrada en deportar a los delincuentes en lugar de a las familias; y
- Exigencia de que determinados inmigrantes indocumentados pasen una comprobación de antecedentes penales y paguen impuestos para obtener la exención de estancia temporal.
Semanas después, un juez federal emitió un dictamen de 38 páginas basado en un caso penal local en el que estaba implicado un acusado que entró ilegalmente en Estados Unidos y posteriormente fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. La opinión afirmaba que las acciones del presidente en relación con las órdenes ejecutivas eran inconstitucionales. El juez alegó que el Presidente no podía utilizar el poder ejecutivo para eludir al Congreso.
El Departamento de Justicia de EE.UU. no tardó en considerar el dictamen infundado, señalando que las afirmaciones contenidas en él no estaban respaldadas por hechos o precedentes. Un artículo publicado por The Washington Post analiza varios aspectos en los que la opinión del juez carece de autoridad y sobrepasa los límites de la ley.
En primer lugar, la cuestión planteada por el juez no fue cuestionada por el acusado del caso al que se refiere como defensa, sino que fue cuestionada por iniciativa del propio tribunal. En segundo lugar, las leyes de inmigración se han aplicado durante décadas, incluida la expedición de permisos de trabajo en concurrencia con la acción diferida. Las órdenes ejecutivas dictadas por el presidente Obama, aunque de mayor alcance, no se alejan mucho de lo que sus predecesores han implementado en el pasado.
Otro analista continúa diciendo que el juez argumenta erróneamente que el demandado en el caso referenciado no está sujeto a expulsión prioritaria. Sin embargo, en el memorando emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) las personas que hayan sido condenadas como delincuentes en la jurisdicción de condena serán representadas como Prioridad 1 de la aplicación de la ley. Dependerá de los funcionarios del DHS que este caso tenga o no relevancia temporal.
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