Las ciudades santuario de todo Estados Unidos están bajo la amenaza del Congreso de los EE. UU. Los organismos locales de seguridad de estas ciudades, entre las que se encuentran Dallas, Houston y Austin en Texas, siguen la política de no investigar el estatus de ciudadanía de las personas que detienen, ni informar sobre la situación de indocumentados de los detenidos cuando el individuo no es un delincuente violento. Esta semana, en un esfuerzo de los republicanos por adoptar una postura más firme en la aplicación de la ley de inmigración, la Cámara de Representantes de los EE. UU. aprobó un proyecto de ley que dejaría de financiar federalmente a estas ciudades santuario. El presidente Obama, cuya administración aún no ha tomado medidas contra las más de 200 ciudades y condados que se niegan a aplicar la política federal de inmigración, ha manifestado su intención de vetar el proyecto de ley si llega a su mesa.
La enérgica reacción de los republicanos en el Congreso se produce tras varios meses de mayor atención nacional a la inmigración ilegal. El 1 de julio, Kathryn Steinle, de 32 años, fue tiroteada por Juan Francisco López-Sánchez, un inmigrante indocumentado que había sido deportado a México cinco veces, y que había sido condenado anteriormente por siete delitos graves relacionados en su mayoría con cargos de narcóticos. La fiscalía alega que López-Sánchez disparó a Steinle cuando caminaba por el muelle 14 de San Francisco. López-Sánchez se ha declarado inocente de los cargos y afirma que el arma se disparó accidentalmente cuando la encontró en el suelo, envuelta en una camiseta.
El candidato presidencial Donald Trump también ha contribuido a aumentar la atención sobre la política de inmigración. El 16 de junio, Trump hizo comentarios públicos sobre la tendencia de México y otros países a utilizar Estados Unidos como «vertedero» de sus ciudadanos indeseables, incluidos drogadictos y violadores. Los republicanos se han distanciado en gran medida de estos sentimientos, pero sin embargo parecen estar adoptando una postura antiinmigrante similar, lo que ha llevado a los demócratas a etiquetar el citado proyecto de ley como el «proyecto de ley de Donald Trump.»
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