El20 de noviembre, el presidente Obama amplió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y también creó un nuevo programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) a través de una serie de órdenes ejecutivas. Estos cambios podrían suponer un alivio para casi cinco millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en el país, permitiéndoles salir de las sombras y ponerse a trabajar sin miedo a ser deportados.
Sin embargo, estas órdenes ejecutivas no han estado exentas de desafíos. Ya se han presentado demandas que cuestionan la autoridad constitucional del presidente para actuar como lo hizo. Una de esas demandas fue interpuesta por el sheriff del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, un polémico pararrayos en el debate nacional sobre la inmigración ilegal y la reforma migratoria. El 23 de diciembrerd, el juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, dictaminando que las cuestiones planteadas por el sheriff Arpaio «equivalen a quejas generalizadas», pero que el sheriff no presentó una controversia real que fuera adecuada para una resolución judicial. El sheriff había argumentado que las políticas de Obama aumentarían la delincuencia y la tasa de arrestos en su zona, pero no ofreció ninguna prueba sólida de que las acciones del presidente produjeran esos resultados, y parece igual de probable que las nuevas órdenes ejecutivas pudieran en realidad disminuir la delincuencia y los arrestos, y reducir los costes del sheriff para albergar a los detenidos en sus cárceles.
Una semana antes, un juez federal de Pensilvania había dictaminado que las órdenes ejecutivas son inconstitucionales. Sin embargo, esa sentencia puede tener poco efecto fuera del caso concreto, ya que se trataba de un procedimiento penal de deportación, y no era necesario que el juez se pronunciara sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas para resolver el caso.
El sheriff Joe y su abogado han anunciado su intención de recurrir el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington. Mientras tanto, el estado de Texas y otros 24 estados han presentado otra demanda en Brownsville (Texas) para impugnar la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas. La vista de este caso está prevista para principios de enero.
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